Pensar desde el naufragio: Luisa Ortega Díaz. Por Leonardo Bracamonte

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Gian Lorenzo Bernini, El rapto de Proserpina, 1622. 

Por Leonardo Bracamonte

Si bien vivimos en los marcos del moderno sistema mundial que en buena medida dispone de nosotros, de nuestras formas de pensar, de las respuestas más o menos esperables a problemas más o menos frecuentes. Si bien una porción de nuestra modesta libertad está circunscrita histórica, social, y espacialmente, conviene pensar en los márgenes de lo imprevisto.

Los instantes impensados con frecuencia tienen una capacidad de proyección histórica que sorprenden a los que asisten o incluso participan de ese acontecimiento. Nuestra ruidosa historia tiene varios ejemplos de quienes optaron en un momento dado y en circunstancias específicas, por producir una diferencia que en lo adelante desencadenaría sucesos que van a cambiar las reglas de un juego convencional. Pero más importante, es preciso reflexionar sobre estos episodios de incumbencia colectiva porque en momentos en que aquellos marcos aludidos arriba están en disolución y su resultado es históricamente incierto, tales acontecimientos toman proporciones aún más insospechadas. En todo caso, sin una buena porción de azar en las idas y venidas de la historia el cambio social no sería posible. Por tanto, de las acciones humanas de consecuencias imprevistas también está hecho el mundo.
El viernes 30 de marzo fue uno de esos momentos. Aunque las implicaciones a mediano plazo están por analizarse, es seguro que la intervención de Luisa Ortega Díaz (Fiscal General de la República), ha replanteado las condiciones a partir de las cuales se piensa políticamente el país. Todo tenía un sentido específico para el momento en que debía rendir cuentas a la sociedad sobre el desempeño del Ministerio Público durante 2016. Aunque se trata de un actor que va a llevar adelante una intervención cuyas consecuencias no están claras ni para ella ni para nadie, sí existe una voluntad determinante de producir una diferencia. Desde el lugar donde se dirigió al país hasta sus primeras y últimas palabras, tuvieron una orientación que se relacionaba con el acontecimiento ocurrido unas horas antes.

Me refiero a las sentencias 155 y 156 mediante las cuales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia terciaba en la disputa entre el presidente y la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. En general las disposiciones buscaban poner límites al accionar político de los diputados opositores.

Pero más aún, despojaban al parlamento de sus funciones legislativas y contraloras, al tiempo en que las asumía tanto el TSJ como el mismo presidente Maduro. La estrategia relativa a la puesta en escena de la funcionaria debe llamar la atención entre otras cosas porque desde un primer momento aludió al conflicto entre poderes: existe en el país una lamentable pugna institucional que compromete la realización de los fines del Estado. (https://www.youtube.com/watch?v=DBblOpsXWGY).

Este comentario tiene el objetivo puntual de caracterizar las acciones emprendidas por el TSJ, pero también sirven como telón de fondo para comprender la deriva de la crisis social que atraviesa la sociedad venezolana. Veamos: Es costumbre que la exposición de los logros de la gestión de la Fiscalía General de la Republica se realice en el mismo Tribunal Supremo. Pero esta vez ella decidió rendir cuentas de su gestión en la propia Fiscalía, llamada por ella como: la casa de la justicia. Lo que revelaba ya un marcado distanciamiento entre el Ministerio Publico, y el resto de los poderes del Estado.

La disputa entre poderes tendía a escalar luego de las maniobras de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, en su empeño de sancionar al gobierno venezolano acusado internacionalmente de dar pasos firmes hacia el cercenamiento de la democracia, en medio de una crisis social y económica que probablemente no tenga precedentes. Estos intentos por aislar a Venezuela tendrían efectos una vez que la correlación de fuerzas en el continente girara a favor de la instauración bien a través del golpe y la argucia legal (caso de Brasil), como a través de elecciones generales (caso Argentina), de gobiernos favorecedores de las políticas de ajuste macroeconómico.

Sostengo que las palabras de Ortega no se agotan en la intención de intervenir en el forcejeo entre el gobierno de Maduro y la MUD, denunciando la clausura de la Constitución Bolivariana [de esto volveré en la última parte de esta entrega], sino que dejaba sentada la idea según la cual el enfrentamiento en el que ha estado sumergida la sociedad venezolana, tiene correspondencia con el grado de descomposición social que reporta su gestión. Es decir, que lo que alguna vez fungió como el escenario útil para el empoderamiento de grandes sectores populares y para la revitalización de la soberanía nacional, hoy es funcional al incremento de la violencia social. Esto es, lo que algunos siguen llamando con el concepto aquí arcaico de polarización social, es expresión más bien difusa de una confrontación inter/burguesa cuya permanencia ha tomado formas institucionalizadas, naturalizadas socialmente como un perverso sentido común que ya no contribuye a la conformación de un pueblo, sino que al contrario se corresponde con procesos cada vez más pronunciados de despolitización, de instrumentalización de la participación popular y de estrategias burocráticas de dominio en nombre de una revolución finalmente capturada en los membretes de los documentos que producen las instituciones. ¿Porque ha ocurrido este resultado seguramente no previsto por los actores fundamentales de esta historia?

Probablemente la respuesta sea una multiplicidad de factores en juego que investigaciones posteriores deben ponderar para establecer su incidencia en los resultados.

 Entre tales factores menciono algunos: el proceso de debilitamiento de las instituciones de control de la gestión pública, lo que ha creado incentivos para la corrupción, profundizada durante los últimos años. La inevitable debilidad ideológica/cultural/programática del chavismo, lo que ha contribuido a la poca clarificación de los objetivos de una gestión de gobierno. La ausencia de una política de seguridad efectivamente nacional que se establezca a partir de una colaboración interinstitucional que abarque además la participación activa de otros sectores sociales interesados, como consecuencia de una actitud sectaria establecida como procedimiento políticamente correcto. La crisis económica potenciada por la persistencia de varios tipos de cambio, lo que se ha traducido en la mejor estrategia para demorar el fortalecimiento de una sociedad productiva y relativamente autónoma, al tiempo en que promociona a grupos mafiosos amparados por funcionarios estatales y políticos, favorecidos con nexos internacionales, etc.

Ahora sí creo que podemos comprender mejor a lo que se refiere la fiscal cuando sentencia, cito sus palabras de nuevo en la presentación de su gestión 2016: existe en el país una lamentable pugna institucional que compromete la realización de los fines del Estado. ¿Se entiende ahora porque Luisa Ortega Díaz llama la casa de la justicia a la Fiscalía, en exclusión del resto de los poderes públicos, incluso del Poder Ejecutivo?
Las cifras que dan cuenta de la permanencia del fenómeno de la violencia criminal las expuso en la primera parte de su intervención. También su gestión presentó a la consideración pública el combate sistemático en contra de la impunidad, un resultado que los medios privados de comunicación tomados como herramientas en la batalla por el poder, se han empeñado en ocultar. Algo similar ocurre producto de las fricciones a lo interno del gobierno con respecto a la gestión de Ortega. Mencionaré algunos indicadores. Destaca la alta tasa de homicidios intencionales cometidos en 2016, 21752. De esta cifra 4667 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Producto de estas acciones el ministerio público imputó a 13334 funcionarios policiales. Permanecen ya en proceso de pagar su condena, 5796. Llama la atención los resultados de la OLP, un plan funcional en la práctica contra de los sectores populares. Los mismos grupos vulnerables que en su conjunto el compañero Chávez contribuyó como ningún liderazgo anterior, a que se apropiaran de su condición de sujetos políticos partícipes de una trama histórica que debían protagonizar, como la única vía para cambiar su realidad desigual, vista anteriormente como una marca dolorosa pero inevitable. La OLP en 2016 arroja resultados preocupantes que plasman las consecuencias de una nueva correlación de fuerzas a lo interno de un gobierno que privilegia la acción militar: 241 personas fueron asesinados por los cuerpos policiales. El informe señala que 17 funcionarios policiales fueron condenados por estos hechos. (http://www.mp.gob.ve/web/guest/informe-anual).
Pero lo que le da el carácter de acontecimiento fue su interpretación política sobre las disposiciones que produjo horas antes la Sala Constitucional.

La disolución en los hechos del parlamento y la asunción de sus competencias fue un error lamentable que Ortega calificó de “ruptura del orden constitucional”. Horas después el presidente se acogería a un concepto desinfectado políticamente para describir la situación: impasse. En todo caso, las medidas tomadas por el Ejecutivo para superar el impasse le dan la razón a Luisa Ortega. Fue tan simbólicamente potente el gesto de la Fiscal que alguien debió haber llamado a Isaías Rodríguez (disfrutando una larga temporada de ocio diplomático), para controvertir su opinión. En la memoria de quienes asistimos a aquellos acontecimientos de 2002, quedaron alojadas las palabras de Rodríguez cuando desnudó la hipocresía de aquel tinglado oligárquico en trance de secuestrar la voluntad popular. Por el contrario, su intervención de hace días fue confusa: La Asamblea Nacional no ha sido disuelta. Simplemente algunas de sus funciones, para poder desarrollar el Estado de Derecho, van a ser ejercidas por la Sala Constitucional. (http://albaciudad.org/2017/03/ex-fiscal-general-isaias-rodriguez-yo-no-percibo-en-esa-sentencia-ninguna-intencion-de-dar-un-golpe-de-estado/

El llamado de atención de Luisa Ortega captado por los medios de comunicación, al momento de recoger sencillamente la pauta de un informe de gestión, evoca la etapa épica y constituyente del chavismo. Cuando la expresión más cabal de una república popular se expresaba en un movimiento vigoroso y pleno de creatividad, que llegó a encarar al imperialismo y lo derrotó pacíficamente. Aquel viernes 30 de marzo también ha podido ser para Luisa Ortega otro 13 de abril. Es demasiado pronto para proyectar alguna trascendencia políticamente sostenible en el tiempo. Lo que sí parece seguro, al menos, es que se ha abierto un sendero para la recuperación de un movimiento que está precisando la emergencia de nuevos referentes político/morales. El lugar para una política de la emancipación permanece vacío.

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